La Asamblea Legislativa discutió este lunes la posibilidad de retirar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, sin embargo, la moción no alcanzó los votos requeridos para prosperar.
De acuerdo con la normativa constitucional, se necesitaban 38 votos afirmativos —equivalente a dos tercios del total de diputados— para proceder con la suspensión de la inmunidad presidencial. No obstante, la votación final arrojó únicamente 34 votos a favor y 21 en contra, lo que impide la apertura del proceso judicial correspondiente y mantiene vigente la protección constitucional del mandatario.
Este resultado refleja un escenario de división política en el Congreso. Por un lado, un bloque de legisladores respaldó la moción bajo el argumento de que todos los funcionarios públicos, incluido el presidente, deben estar sujetos a la justicia ordinaria cuando se les señala por presuntas faltas o delitos. Por otro, los diputados que votaron en contra sostuvieron que levantar la inmunidad sin suficientes fundamentos jurídicos podría sentar un precedente riesgoso y politizar el uso de esta figura constitucional.
La inmunidad presidencial es una garantía establecida en la Constitución Política de Costa Rica, cuyo propósito es resguardar la estabilidad institucional y proteger al jefe de Estado de eventuales persecuciones políticas. No obstante, este mecanismo no implica impunidad, ya que puede ser levantado siempre que se cumpla con el procedimiento legislativo y los votos requeridos.
Con la decisión adoptada, Rodrigo Chaves mantiene su investidura intacta y no podrá ser sometido a un proceso judicial mientras ejerza la Presidencia. El debate, sin embargo, abre nuevamente la discusión sobre el alcance y los límites de la inmunidad presidencial en un sistema democrático, así como el rol del Congreso en la fiscalización de los más altos jerarcas del país.
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CRinfomativo
